Dic 13, 2017 11:57 PM

“El temor de los detractores de la nueva Ley de Probidad es que entre en vigencia una ley que cierra los portillos de la corrupción”

Categoría: Grupo Parlamentario
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Así lo expresó la diputada Jackeline Rivera, del Grupo Parlamentario del FMLN, luego de conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de Probidad, presentado por parte del denominado “Grupo Gestor de la Ley” conformado por dirigentes de ANEP y FUSADES.

La admisión de la Sala también decreta una medida cautelar que impide la vigencia de la citada ley y argumenta que se omite el juicio por enriquecimiento ilícito, sin embargo la parlamentaria Rivera explicó que la citada ley incluye el juicio y amplía su ámbito de aplicación, ya que se obliga a todos los funcionarios públicos a declarar su patrimonio, algo que en la actual Ley de Enriquecimiento ilícito no se obliga a todos. “Porque no existían cuando se aprobó la ley o porque no se incluyeron en la misma, como el caso de los jueces de primera instancia, jueces de paz, magistrados de cámara, subcomisionados y directores de la Policía Nacional Civil, Fiscales, todos estos funcionarios públicos, en la Ley de Enriquecimiento ilícito no están obligados a declarar el patrimonio, esos argumentos no son válidos”, dijo.

La parlamentaria lamentó la acción de los magistrados, sobre todo que impide entrada en vigencia de una Ley de Probidad en el país, puesto que es una normativa que se fundamenta en tres actos sustanciales: El primero es que es una ley eminentemente constitucional que asegura y ratifica las facultades de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), a través de sus distintas manifestaciones de hacerlo, que los procedimientos de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y su persecución al existir inconsistencias se desarrolle con el debido proceso.

Un segundo acto es que se amplía el ámbito de aplicación, es decir que se obliga a todos los funcionarios públicos a declarar su patrimonio, ya que la actual ley de enriquecimiento ilícito no obliga a todos, además de incluir nuevos funcionarios públicos, Asociaciones de Economía Mixta y privados que manejen fondos del Estado. La Ley de Probidad desarrolla procedimientos expeditos que aseguran que debe devolverse al pueblo,los recursos o patrimonio que se haya adquirido ilícitamente, es decir que si la adquisición de ese patrimonio tuvo como fuente la hacienda pública, el lavado de dinero o la corrupción debe ser devuelto aunque la acción penal haya prescrito.

Pare el FMLN, con la admisión y la medida cautelar, “se está impidiendo que la verdad y de manera seria e imparcial comencemos a combatir los portillos de la corrupción”, reitero la diputada Jackeline Rivera.

La legisladora plantea que la Sala se contradice en sus argumentos, porque según explicó, “están arguyendo como inconstitucionalidad que se omite el juicio de enriquecimiento ilícito, en primer lugar la propuesta de los que hoy cuestionan la ley que se presentó en la Asamblea Legislativa como la que hizo el equipo técnico, eliminan el juicio de enriquecimiento ilícito, las dos lo eliminan, eso llama la atención porque hoy ellos cuestionan la constitucionalidad de la ley, supuestamente porque se omite el juicio de enriquecimiento ilícito".

"Como segundo elemento, no se omite el juicio de enriquecimiento ilícito, al contrario, la Constitución no dice expresamente que el juicio de enriquecimiento ilícito es civil, eso significa que cuando se aprueba la Ley de Enriquecimiento Ilícito, esta Constitución vigente no existía y como no existía, todavía no se había desarrollado una norma secundaria que aprobamos allá por el 2012 que se llama Ley de Extinción de Dominio, que es mucho más amplio que un juicio de enriquecimiento ilícito”, expresó.

Ante esta contradicción, la diputada Rivera se pregunta ¿cuál es la intención de declarar la inconstitucionalidad de la ley? y responde: “No será que la intención es seguir manoseando los procesos de probidad, de perseguir solo a los que a mí me conviene y los que yo quiero que se persigan, todos aquellos servidores públicos que históricamente se han enriquecido con el dinero del pueblo. Ellos dicen que se declare inconstitucional la ley porque supuestamente se omite el juicio por enriquecimiento ilícito, pero piden que se declare inconstitucional toda la ley, no están de acuerdo en que se amplíe el ámbito de aplicación, en que los jueces declaren, porque ahora solo declararan a la hora de que toman posesión y declaren cada tres años para que la ciudadanía controle su incremento patrimonial, no están de acuerdo en que los servidores privados, lo gerentes, los directivos de autónomas o de empresas de economía mixta declaren patrimonio si administran fondos del Estado, no están de acuerdo en que se le extinga el patrimonio que ha obtenido producto de la corrupción” respondió.

Para Jackeline Rivera, la intención de los detractores de la ley es seguir teniendo la posibilidad de manosear los procesos, seguir teniendo la posibilidad de enjuiciar a quien a ellos les conviene, seguir teniendo la posibilidad de fomentar la impunidad en este país. De ahí que lamentó que se impida la entrada en vigencia de una ley que tiene como propósito investigar el patrimonio de los servidores públicos sea quien sea. “Eso es lo que ha impedido la Sala al emitir una medida cautelar porque inhabilita que una ley entre en vigencia”, externó.

Rivera reiteró que la nueva Ley de Probidad es eminentemente constitucional, que pretende investigar la corrupción, incluso la del pasado, “algo que de seguro es lo que temen los detractores de la ley, ya que a diferencia de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Ley de extinción de dominio le puede quitar el patrimonio adquirido de ilícitos en del pasado más allá de si la acción penal haya prescrito. Nosotros esperamos que esta medida cautelar no corra la misma suerte que ha tenido la medida cautelar contra los $900 millones de dólares, que pareciera que existe una intención de mantener una medida cautelar de manera infinita, para que se siga aplicando una ley de manera perpetua una ley obsoleta y siga existiendo la posibilidad de los grupos de poder de este país en seguir manoseando una sección de probidad como la que existe ahorita”.

La parlamentaria también considera poco confiable la resolución de la Sala ya que entre los magistrados que analizaron la demanda existe la firma de uno que adelantó criterio público sobre el contenido de la normativa, “lo que significa que hay un acto de conflicto de intereses, por sanidad al procedimiento debió tomarse en cuenta por parte de la Sala, hay una firma de un magistrados que no debería de aparecer en esta admisión porque él públicamente adelantó criterio de lo que pensaba sobre el contenido de la normativa”.

Por ello, pidió al resto de magistrados mesura a la hora de resolver y dijo que “ojalá si están comprometidos en combatir la corrupción, este es el momento de demostrarlo, a no declarar inconstitucional la Ley de Probidad , no le impidan al pueblo salvadoreño que de verdad pueda garantizar que su dinero y los funcionarios públicos no se enriquezcan a costillas de las arcas del Estado o del abuso del poder, que es lo que más sucede y que tienen como consecuencia la corrupción”, concluyó.